El conflicto protagonizado por sectores afines al expresidente Evo Morales, que derivó en 11 días consecutivos de bloqueo de caminos a nivel nacional, alcanzó un punto crítico este miércoles 11 de junio con un saldo fatal de cinco personas fallecidas: cuatro policías en el departamento de Potosí y un civil en Cochabamba. Esta tragedia marcó un giro en la postura del exmandatario, quien hasta entonces había defendido la movilización como una acción “imparable”, pero que ahora pide diálogo y la intervención de una instancia internacional para mediar en el conflicto.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, Morales sostuvo: “Es imprescindible una investigación independiente e imparcial. Asimismo, ante la intransigencia del gobierno, exigimos que una instancia internacional sirva de mediadora o facilitadora de un diálogo que permita resolver las causas de la movilización pacífica del movimiento popular boliviano”. Esta declaración contrasta notablemente con su discurso de los últimos días, en los que reafirmaba la firmeza del movimiento y no hacía alusión alguna a la posibilidad de negociación.
La raíz de la movilización se remonta al 18 de mayo, cuando las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, articuladas en torno al denominado “instrumento político EVO Pueblo”, resolvieron iniciar una protesta nacional. Esta decisión fue motivada por el anuncio de que Evo Morales no contaría con una sigla política habilitada para postularse en las próximas elecciones presidenciales. Inicialmente, la fecha establecida para las movilizaciones era el 2 de junio, mientras que el bloqueo de caminos se programó para el 4 de junio. Sin embargo, los sectores evistas adelantaron la medida, y desde el 2 de junio se desplegaron bloqueos que alcanzaron, el 8 de junio, un total de 32 puntos a nivel nacional, según reportes oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
La jornada del 11 de junio se convirtió en la más violenta desde el inicio de las protestas. En la región de Llallagua, Potosí, cuatro policías perdieron la vida en circunstancias aún bajo investigación, mientras que en Cochabamba se reportó el fallecimiento de un civil. Según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estas muertes ocurrieron durante enfrentamientos en zonas de alta tensión, lo que generó una inmediata reacción por parte de las autoridades. Tras los hechos, los bloqueadores se replegaron y se reportó que abandonaron abruptamente sus posiciones, lo que permitió que las fuerzas del orden —en una acción combinada entre Policía y Fuerzas Armadas— recuperaran el control de las rutas sin enfrentar resistencia. Esa misma tarde, se logró restablecer el tránsito entre el occidente del país y la ciudad de Cochabamba, y por la noche, los efectivos tomaron el control de la plaza principal de Llallagua.
Evo Morales, que al inicio de la semana había calificado al conflicto como una “semana decisiva” y reiterado que el bloqueo era “imparable”, cambió de tono tras los fallecimientos, insistiendo en la necesidad de una investigación internacional sobre los hechos violentos. A pesar de sus nuevas declaraciones, el exmandatario también subrayó que el gobierno de Luis Arce no respondió a ninguno de los pliegos petitorios que presentaron las organizaciones que respaldan su liderazgo, manteniendo así su crítica hacia la administración actual.
