Ante la gravedad de las denuncias por supuesto tráfico sexual en una unidad educativa de la zona El Mechero en Santa Cruz de la Sierra, los parlamentarios que conforman la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunciaron una intervención inmediata para iniciar acciones investigativas y de protección a las víctimas.
La presidenta de dicha comisión, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Yañiquez, afirmó que se han activado mecanismos urgentes desde la instancia legislativa para atender este delicado caso. “Desde la Cámara Baja asumiremos acciones urgentes e inmediatas ante esta denuncia. Nuestro objetivo es claro: garantizar la protección de las víctimas y apoyar el proceso de investigación”, manifestó.
Como parte de las medidas adoptadas, Yañiquez informó que la Comisión solicitará de manera oficial informes escritos a las principales instituciones encargadas de velar por los derechos de menores y de investigar delitos penales, entre ellas:
- La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz
- El Ministerio Público
- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)
Estos informes deberán detallar el avance de las investigaciones, las medidas de protección implementadas para los menores afectados, y las acciones emprendidas para identificar y capturar a los presuntos responsables de estos hechos aberrantes.
Además, los diputados realizarán una inspección directa a la unidad educativa donde habrían ocurrido los hechos. Allí sostendrán reuniones con el plantel docente y padres de familia, con el fin de recabar información de primera mano, escuchar las preocupaciones de la comunidad educativa y brindar apoyo institucional.
Las denuncias preliminares dan cuenta de que al menos 20 menores de edad habrían sido víctimas de propuestas sexuales a cambio de dinero, en un posible caso de red de explotación que operaría al interior o en inmediaciones del centro educativo. Lo más alarmante es que los denunciantes también reportaron haber recibido amenazas, presuntamente por parte de personas vinculadas a estos hechos delictivos, lo que agrava la situación y aumenta la necesidad de una intervención estatal decidida.
Desde la Comisión de Derechos Humanos, los legisladores reiteraron su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y aseguraron que no permitirán que actos de esta naturaleza queden impunes o sean encubiertos.
“Rechazamos rotundamente cualquier forma de violencia sexual contra menores y no toleraremos ningún acto que ponga en riesgo su integridad, su desarrollo ni su futuro”, concluyó la diputada Yañiquez.
